NOTA: ESTA ES LA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO DEL ARTÍCULO RECOGIDO EN EL POST ANTERIOR:
DADA LA TEMÁTICA DEL MISMO, QUIZÁ PUEDA SER DE INTERÉS PARA QUIENES, DESDE LAS TIERRAS CASTELLANOHABLANTES, SIGAN EL DEBATE ACTUAL SOBRE CATALUÑA.
Desde que, en 1812, se puso negro sobre blanco la memorable frase «La Nación Española es la reunión de todos los Españoles de ambos hemisferios», los catalanes, en injusto genérico, han estado bajo sospecha en España bastante más de la mitad del tiempo transcurrido. Y eso alguien tendría que decirlo más a menudo.
Lo estuvieron, incluso, durante una parte del periodo en que los intelectuales y las elites sociales de Cataluña calificaban, y sentían, el castellano como la lengua nacional que les correspondía. Incluso entonces, desde Madrid se juzgó que no hacían lo necesario para reducir su idioma al estado de patois.
Tampoco se contempló como positivo ―se atacó o se despreció más bien― que pidiesen autonomía, en las décadas finales del siglo XIX, para su territorio. Entonces los catalanes decían, y sentían, que Cataluña era una región de la nación española, pero aquella creencia no les sirvió de mucho en sus propósitos (tan bien ejemplificados en Valentí Almirall y sus obras Lo catalanisme y L’Espagne telle qu’elle est).
Se sabe igualmente que, muchísimo antes del Desastre de 1898, hubo dirigentes catalanes convencidos de que los destinos políticos generales no podían jugarse al margen de la «fábrica de España». Y que pugnaron por ser los principales protagonistas del juego. Pero jamás consiguieron la hegemonía de la construcción española. Ortega y Gasset se encargaría de aclarar posteriormente las razones de aquel no, con la reflexión que ponía de relieve como «La ética industrial, es decir, el conjunto de sentimientos, normas, estimaciones, principios que rigen, inspiran y nutren la actividad industrial, es moral y vitalmente inferior a la ética del guerrero». Un horror.
Con la generación intelectual de Prat de la Riba, las sospechas ya tenían su razón de ser amparadas en papeles como El compendi de la doctrina catalanista, La question catalane (de 1898) i La nacionalitat catalana: había nacido el nacionalismo catalán, y España ya no era la nación de aquellos catalanes, ni el castellano su lengua nacional. No obstante, la ideología de Prat i Cambó pretendía hacer l'Espanya Gran. Tan gran, que Portugal y la práctica mitad meridional de Francia eran tierras convocadas inicialmente a la aventura. Eso por no hablar del horizonte colonial que se quería columbrar.
Pero sin llamarle nación a España, y por más que lo último «ofrecido» fuese un programa imperialista en toda regla (regeneracionista desde la periferia y con retóricas y ambiciones del momento), el no de la Meseta volvió a ser rotundo. De nuevo Ortega explicitaría más tarde lo que otros habían callado antes: «Porque no se le dé vueltas: España es una cosa hecha por Castilla, y hay razones para ir sospechando que, en general, sólo cabezas castellanas tienen órganos adecuados para percibir el gran problema de la España integral». Otro horror orteguiano.
Una España, en todo caso, cuya monarquía llevaba perdiendo territorios desde finales del siglo XVI: parecería más bien que «en general, sólo cabezas castellanas tienen órganos adecuados» para ir despidiendo a los díscolos ―ya legión― que desde la Holanda orangista en adelante han proclamado la independencia. Y esto, también esto, alguien tendría que decirlo más a menudo.
A Cataluña, finalmente, le concedieron la Mancomunitat (¿«toma y calla»?); y a Catalunya le arrasaron la Mancomunitat. Y en abril de 1931, en el transcurso de aquella primavera de transitoriedades, Cataluña proclamó una república y le devolvieron una Generalitat. Pero como después de la Sanjurjada las Cortes españolas aprobaron un Estatuto, y a pesar de los recortes políticos padecidos en el proceso, los catalanes se mostraron razonablemente satisfechos. Los nombres de Pompeu Fabra y de Antoni Rovira i Virgili pueden representar bastante bien aquellos tiempos de autonomía.
Una lástima que, en aquella Europa de antifascistas y anticomunistas, la tensión fuese tanta que activara los hechos de Octubre de 1934; y una desgracia inmensa que, dos años después, la revuelta del ejército español de África solo constituyera el preludio de una tragedia de dimensiones épicas. Por si hace falta recordarlo, quien ganó la guerra tenía en su programa la abolición del Estatuto. Y lo hizo. Llegó la catacumba.
Mucha gente todavía tiene en la retina la sucesión vertiginosa de hechos que, con referencia a Cataluña, se vivió durante la etapa conocida como Transición. La gigantesca manifestación del 11 de septiembre de 1977, el Ja sóc aquí (con la consiguiente inserción, en la legalidad preconstitucional, de un vestigio republicano), la participación de catalanes en la Ponencia de la Constitución española de 1978, el Estatuto de 1979, el golpe de estado del 23 de febrero de 1981, la adyacente Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, LOAPA, que posteriormente seria declarada anticonstitucional en buena parte.
Con la LOAPA, algo empezó a helarse en los labios de los catalanes: Cataluña, nacionalidad sobre el papel ―según la Constitución―, y motor (por emulación o por conveniencia de Madrid) de la autonomía de muchos territorios que no estaban en el guión inicial de la España renovada, tenía que abandonar cualquier esperanza de gran singularidad. La tentación jacobina, o las derivadas de la España Una, acotaban el terreno de juego.
Como síntoma, y en tiempos posteriores al 23-F como 1983, hasta un ex-presidente de gobierno (Leopoldo Calvo Sotelo) se permitía publicar que «Hay que fomentar la emigración de gentes de habla castellana a Cataluña y Valencia para así asegurar el mantenimiento del sentimiento español que comporta». Es lo que tienen las voluntades de rusificación a la española: que dejan clamorosas huellas escritas, y siempre hay quien las exhuma. Otra cosa es que, desde la Meseta, se sea capaz de entender cómo de ofensivas resultan tales afirmaciones en las latitudes mediterráneas. En democracia, y en dictadura.
Yendo hasta tiempos más cercanos a los de ahora, no seré yo quien niegue que lo que giró en torno del Estatuto catalán de 2006 puede ser considerado, en su globalidad, como lamentable: las promesas públicas hechas desde una de las Españas por cálculo electoral (cuando se pensaba en determinado escenario político); las elevaciones de la apuesta soberanista por parte de los moderados al efecto de superar, también por cálculo electoral, a los tradicionales poseedores de la radicalidad catalanista; la campaña anti-catalana en términos estrictos ―«¿Dónde hay que firmar contra Cataluña?»― que la otra España pudo emprender gozosa casi sin contrapesos; el pretendido acuerdo salvífico ―pero parcial― coronado por un cepillado en el parlamento español y una enorme abstención en el referéndum. Después, es bien sabido, el recurso al Constitucional condujo a una sentencia, en 2010, que hirió el corazón de Jordi Pujol.
Llego al presente: algunos comentaristas de Madrid dicen que Artur Mas «ha matado al padre». De nuevo determinadas «cabezas castellanas», las que tanto se vanaglorian de sus «órganos», tienen las antenas estropeadas. De nuevo olvidan ―porque voluntariamente han querido menospreciar algunos hechos― que en 2005/6 i en 2010 se tocó la fibra sensible de millones de catalanes. De millones. Tanto se les tocó, que antiguos españoles del año decidieron el viraje (como mínimo personal). Así, y después de la manifestación masiva del 10 de julio de 2010, nadie podía dudar que la corriente soberanista/independentista se había ensanchado. Con las fases álgidas de la crisis, además, la bola no ha hecho más que rodar y rodar y crecer; más todavía porque, en contraste con la fortísima fiscalidad ejercida sobre el territorio de Cataluña, los vascos (en su mayoría no españolistas) y los navarros (españolistas en su mayoría) tienen una cosa en común: gracias al Concierto y al Convenio, respectivamente, en la práctica no se gastan un euro en el sostenimiento de España. El estado que odian, conllevan, o tanto dicen adorar, según el caso.
Millones de catalanes, pues, han pasado de afirmar ser una nación a mostrar fatiga con el estado. Y de la fatiga con el estado, a querer otro: 2012, 11 de septiembre.
Algunas encuestas afirman que un buen número de catalanes ven en la adhesión de Convergència i Unió al soberanismo ―relativamente reciente― una oportun(ist)a maniobra de distracción, de cuño publicitario, hacia la manera como el gobierno nacionalista catalán gestiona las duras circunstancias económicas, y sociales, de la Cataluñaa actual; pero las mismas encuestas también dicen que el 80% de los catalanes quieren ser consultados sobre si permanecer o no en el seno de España. Y se ha de suponer que quieren serlo sin que ningún militar español, en la reserva o en activo, les pueda coaccionar. Al fin y al cabo, ¿cuántos de los catalanes actuales pudieron votar en el referéndum de la Constitución de 1978?
En medio de los días agitados que se viven en torno a la consulta/referéndum que ―Artur Mas dixit― podría iniciar el camino para la constitución de Cataluña como estado de la Unión Europea, centenares de personajes de orientación mayormente progresista (y patria española) se han manifestado ante la opinión pública: de Almodóvar a Vargas Llosa. No han ahorrado las críticas, duras y previsibles, a Mas, CiU, et alii. Pero también han vertido unas frases que, francamente, tendrían de decirse más a menudo: «[...] si ese sentimiento [nacional] de forma mayoritaria se manifestara [en Cataluña] contrario de modo irreductible y permanente al mantenimiento de las instituciones que entre todos nos dimos, la convicción democrática nos obligaría al resto de los españoles a tomarlo en consideración para encontrar una solución apropiada y respetuosa». En medio de los truenos, y por fin, la constatación de que las relaciones de pareja solo pueden ser satisfactorias por la existencia del mutuo acuerdo. Sí: alguien tendría que decirlo más a menudo. Pero el mismo hecho de tener que decirlo ya nos informa de cómo está el patio en España.
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